Abstract: | El 2 de mayo del 2002, en medio de un enfrentamiento armado entre el Bloque
Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo
(FARC-EP), explotó una pipeta en el centro de la iglesia católica de Bellavista.
Cabecera municipal de Bojayá, lugar donde la población civil se resguardaba.
Dichos hechos produjeron la tragedia de la masacre de Bojayá que dejó como
resultado la pérdida de 79 vidas.
El día después de la masacre los habitantes que quedaron tomaron los cuerpos
de los fallecidos y los arrojaron a una fosa común. Meses después los cuerpos
fueron extraídos de allí por la Fiscalía y, sin un proceso adecuado de
identificación, se entregaron a la Alcaldía municipal donde fueron inhumados en
el cementerio de Bellavista e igualmente en cementerios de municipios vecinos,
sin la certeza de quién era quién. Algo especialmente relevante fue que estos
hechos impidieron que la comunidad realizará las prácticas ancestrales y
espirituales en razón de los ritos mortuorios que le permiten a la comunidad afro
despedir a sus familiares; finalmente eso generó desde entonces, una necesidad
latente de poder dar una despedida digna a sus seres queridos.
Catorce años después el Estado colombiano adelantó acciones para realizar un
proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de las víctimas
mortales a sus familiares; debido a esto, se construyó una sistematización donde
se buscó visibilizar si se tuvieron en cuenta los principios del enfoque de Acción
Sin Daño, ya que este se reconoce como parte activa del proceso de búsqueda
de la verdad, la justicia y la reparación, pues válida las demandas, necesidades y
expectativas de los familiares en torno a la búsqueda. |